La explotación de hidrocarburos no convencionales —gas extraído de las arcillas y de las arenas compactas— de nuevas áreas petroleras, celebrada como una salida a la creciente importación de energía, es percibida como una amenaza por los pueblos indígenas.
Integrantes de comunidades mapuche aseguran que el agresivo impulso del gobierno para incrementar el suministro energético, permitiendo a empresas hidrocarburíferas explorar en sus territorios, provocará daños ambientales y sociales irreversibles.
Estadísticas publicadas en el 2009 por la Secretaría de Energía de la Nación señalan que el 86.6% de la energía primaria en Argentina proviene de la combustión de gas y petróleo. Según la misma fuente, el horizonte de reservas de gas del país cayó de 36 años, en 1988, a siete, en el 2009; mientras que en el caso del petróleo, de 14 años se redujo a nueve, en el mismo periodo.
Por otra parte, la reactivación de la economía del país a partir del 2003, luego del colapso financiero ocurrido dos años antes, se reflejó en un incremento del consumo de hidrocarburos. Un informe de la Administración de Información Energética de EEUU sostiene que la utilización de petróleo y derivados en Argentina se incrementó en 37.3% entre el 2003 y el 2010, mientras que en el caso del gas el aumento fue del 23% en el mismo periodo. Para cubrir el déficit, Argentina aumentó en más de siete veces la importación de combustibles —particularmente gas natural licuado, gasoil y fuel oil—, pasando de US$549 millones a US$4.5 millardos, según el Ministerio de Economía de la Nación.
El anuncio en el 2009 de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), controlada por la petrolera española Repsol, de que realizaría inversiones para el desarrollo de yacimientos de hidrocarburos no convencionales en la sureña provincia de Neuquén marcó el inicio de una carrera en la que participan otras empresas como las estadunidenses Chevron, Exxon y Apache y la francesa Total. En diciembre del 2010 el consorcio Repsol-YPF notificó el descubrimiento de un mega-yacimiento de shale gas, o gas de pizarra, en Loma de La Lata; 11 meses después la compañía informó de otro hallazgo, aún mayor, en el mismo yacimiento.
Según el Departamento de Energía de EEUU, Argentina es el tercer país del mundo con mayores “recursos potenciales” de gas no convencional, con una posibilidad de recuperación de 774 billones de pies cúbicos (BPC), detrás de China (1,275 BPC) y EEUU (862 BPC).
Además de los pozos perforados en Neuquén, se realizan trabajos similares en la provincia de Río Negro, y los gobiernos de Mendoza y Chubut evalúan el potencial en sus territorios. Por otra parte, la provincia de Entre Ríos, que no registra antecedentes en la explotación de hidrocarburos, firmó en febrero del 2009 un acuerdo con Repsol-YPF para la exploración de hidrocarburos no convencionales; además estableció un marco de cooperación con Uruguay, ya que la zona que mayor interés despierta es la de la frontera y el país vecino también avanza con estudios similares a través de la petrolera estatal Ancap.
Conflictos no convencionales
Pero esta expansión tiene consecuencias para los grupos indígenas que viven en el área.
“No hay ninguna duda de que todos los anuncios oficiales en relación a estos mega-yacimientos son una amenaza directa y clara para la vida y la cultura de las comunidades mapuche afectadas”, afirmó Jorge Nahuel, del Consejo Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche Neuquina.
En noviembre pasado, integrantes de la comunidad Gelay Ko, en la región centro de Neuquén, bloquearon los trabajos en un pozo de gas no convencional que la empresa Apache perforaba en su territorio. Según explicaron, tomaron esa decisión porque no se cumplió con el proceso de consulta previa y demandaron al gobierno provincial la conformación de dos comisiones, una que evalúe el impacto social, cultural y ambiental y otra de control y vigilancia.
Fractura hidráulica, la técnica utilizada para la extracción de reservas no convencionales, utiliza varios miles de litros de agua mezclados con productos químicos y arena, que se inyectan a alta presión en los yacimientos encerrados en roca densa del subsuelo profundo para liberar el gas natural y petróleo.
“No hay ningún tipo de política establecida para medir el impacto de esta nueva tecnología. Esto es lo que ha generado la reacción de las comunidades, tanto en Loma de La Lata como en las que están en la zona centro de la provincia”, remarca Nahuel.
Los comuneros, que hace 60 años que conviven con la explotación de hidrocarburos, estiman que en el lugar hay alrededor de 200 pozos, y llevan una década bregando para que no se amplíe el área de extracción.
Según la lonko (autoridad tradicional mapuche) Cristina Lincopán, de la comunidad Gelay Ko, el agua es llevada cada mes en camiones cisternas por el gobierno provincial desde Zapala, ciudad ubicada a 60 km.
“La que tenemos en nuestros pozos no la podemos tomar nosotros, ni los animales”, relató Lincopán. “En la comunidad hay [casos de] ceguera, enfermedades en la piel, a los chicos les agarra diarrea y no se sabe qué es lo que pasa. La verdad es que la empresa Apache nos está matando día tras día a toda la vida”.
En tanto, Gabriel Cherqui, werken (vocero) de Kaxipayíñ, explicó que hasta el momento el territorio de su comunidad —dentro del área afectada por el yacimiento Loma de La Lata— no fue intervenido con la explotación de hidrocarburos no convencionales porque desde comienzos del 2011 impiden a Repsol-YPF ejecutar su plan de trabajo. El vocero mapuche señaló que tomaron esa determinación debido a que las autoridades provinciales y la empresa no remedian el daño ambiental existente.
En setiembre del 2001 la consultora alemana Umweltshutz entregó a las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil un estudio sobre el impacto ambiental de la explotación de hidrocarburos en sus territorios, que comprenden 11,000 Ha. Se cuantificaron 630,000 m³ de suelos contaminados, en los que se halló cromo, plomo, arsénico, naftaleno, pireno y compuestos aromáticos. También se determinó la presencia de metales pesados, hidrocarburos y fenoles en agua por encima de los límites aceptados por la ley. Además, 42 de 98 personas analizadas, presentaron diferentes sintomatologías propias de intoxicación crónica por hidrocarburos y metales pesados.
En el 2002, la comunidad, junto a su vecina Paynemil, inició una demanda civil contra Repsol-YPF por el impacto socioambiental y cultural. En aquel momento el costo de la remediación fue estimado en US$445 millones; según Cherqui, actualmente asciende a US$1.6 millardos.
Si bien Argentina ratificó en el 2000 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y votó a favor de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la consulta previa, como mecanismo para garantizar la participación y el respeto de los derechos de estos pueblos, no es implementada por el Estado, pese a estar obligado.
Esta situación dio lugar a que la Justicia neuquina paralice emprendimientos extractivos por la violación de ese derecho. En febrero pasado el juez Mario Tommasi, de Primera Instancia de la localidad Cutral Có, rechazó un recurso de amparo por el que la Petrolera Piedra del Águila pretendía realizar prospección sísmica en el territorio de la comunidad mapuche Huenctru Trawel Leufú, a pesar de la oposición de los comuneros.
El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, que visitó Argentina a fines del 2011, subrayó que “es necesario que las instituciones nacionales y provinciales den mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas”. En la conferencia de prensa que dio antes de su partida también destacó que “es necesario regular un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas en relación a las industrias extractivas y otros asuntos que les afectan”.
Otras avanzadas en territorios indígenas
Según datos aportados por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Neuquén, en la provincia existen 59 comunidades mapuche; de ellas, 19 tienen sus territorios afectados por la industria petrolera, o podrían llegar a tenerlos si en los diferentes bloques se avanza con la prospección sísmica y si se detectan hidrocarburos técnica y económicamente explotables. En cinco se extrae gas y petróleo: Logko Purrán, Gelay Ko, Antipan, Kaxipayiñ y Paynemil; en tres se realizan trabajos de exploración: Wiñoy Folil, Maliqueo y Marifil; mientras que el territorio de otras 11 está concesionado para la exploración y eventual explotación.
Salta, en el norte del país, también es escenario de conflictos por el avance de la frontera hidrocarburífera, en este caso sobre el pueblo wichí. En octubre y noviembre del 2011 las comunidades Wichí Lewetes Kalehi y Lote 6, en el municipio Rivadavia Banda Norte, intentaron frenar la prospección sísmica en sus territorios y denunciaron que recibieron presiones tanto de representantes de la empresa Wicap —contratada para hacer ese trabajo por Unión Transitoria de Empresas Maxipetrol, adjudicataria del bloque Morillo— como de efectivos policiales.
Por otra parte, en Chubut, en la Patagonia, la concesión para exploración y eventual explotación del área Ñirihuau Sur, en junio del 2011, puso en alerta a comunidades mapuche tehuelche del noroeste de la provincia. A mediados de octubre realizaron un trawun (parlamento) para evaluar los impactos de esta industria donde comunidades mapuche de Neuquén compartieron sus experiencias.
En tanto en Chaco, donde la totalidad de la provincia fue dividida en 12 lotes —incluidos los territorios de los pueblos wichí, qom y moquit—, a mediados del 2011 se iniciaron trabajos de exploración de hidrocarburos de la empresa Servicios Energéticos del Chaco-Empresa del Estado Provincial (SECHEEP), y Energía Argentina (ENARSA), sociedad anónima bajo control del Estado nacional. —Noticias Aliadas. |
